Todos tenemos derecho a una defensa en juicio
El derecho a justicia gratuita se regula en España gracias al dictado del artículo 119 de la Constitución española, donde se establece que: “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.
Tendrán derecho a justicia gratuita todos los nacionales españoles y los extranjeros residentes en España, y los ilegales que se encuentren en España, así como, las fundaciones y las asociaciones de utilidad pública.
Los requisitos económicos que se exigen para ser beneficiario de justicia gratuita son el de que quien lo solicite no supere el doble del salario IPREM o Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en 2019, el IPREM es de 537,85€ mensuales); dos veces y medio el IPREM si el solicitante tiene una unidad familiar no superior a 4 miembros, y si pertenece a una unidad familiar de 4 ó más miembros, no supere el tope en 3 veces el IPREM. Por unidad familiar se entiende al cónyuge, pareja de hecho e hijos menores, o menores de 25 años sin recursos.
Al solicitante de este beneficio de justicia gratuita se le designará un abogado y un procurador para cada causa, y en caso de que se perdiera el caso y se le impusiera el pago de las costas estará exento si no viniere a mejor fortuna en los próximos años.
Para solicitarlo hay que dirigirse a los Juzgados o a los Colegios de Abogados de cada zona donde además les informarán de los trámites y documentos a aportar, tales como DNI, Libro de familia, declaración de IRPF, o certificaciones de empresa.
Las actuaciones para las que se designa un abogado de oficio pueden ser muy variadas, desde asesoramiento legal, asistencia al detenido, interposición de demandas, contestaciones a las demandas o recursos en todas las instancias y en todas las jurisdicciones.
Todo ello dando cumplimiento al art. 24 CE que establece el derecho a la tutela judicial efectiva para todos.